El sistema educativo actual debe garantizar el acceso a las personas con discapacidad, dotando para ellos sistemas iniciales inclusivos que atiendan en razón de las diversas discapacidades que existen.
Si bien el acceso a educación especial, ha ganado terreno, los gobiernos deben tener en cuenta que es un derecho fundamental que debe ser promovido y protegido para asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente.
El concepto de educación inclusiva se basa en la idea de que todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias, deben aprender en conjunto en un entorno educativo que valore la diversidad y promueva la igualdad de oportunidades.
En el caso de las personas con discapacidad, la educación inclusiva va más allá de la mera integración física en las aulas; pues debe tener un enfoque pedagógico que respete y se adapte a las particularidades de cada estudiante, proporcionando los apoyos necesarios para que todos puedan participar en el proceso de aprendizaje.
En este sentido, debemos empujar la sensibilización y capacitación de los docentes, así como la creación de materiales educativos accesibles y de entornos físicos que eliminen las barreras para el aprendizaje.
Es importante que la educación especial no se vea como un sistema aparte, sino un agregado dentro del marco de la educación inclusiva. Esto significa que, siempre que sea posible, los estudiantes con discapacidad deben tener la oportunidad de aprender junto a sus pares sin discapacidad, beneficiándose de un entorno diverso que les permita desarrollar habilidades sociales y cognitivas en un contexto inclusivo.
En los casos en que la educación especial sea necesaria, debe garantizarse que esta sea de la más alta calidad, con profesionales capacitados y recursos adecuados para abordar las necesidades particulares de cada estudiante.
Esta iniciativa pretende que se erradique la discriminación en el acceso a la educación para personas con discapacidad, ya que es un problema persistente que debe ser abordado con firmeza. Muchas veces, las personas con discapacidad enfrentan barreras que van desde la falta de accesibilidad en las infraestructuras escolares hasta actitudes negativas y estereotipos por parte de la comunidad educativa.
Para combatir estas formas de discriminación, perpetúa la exclusión social y la desigualdad, por ello, es necesario adoptar políticas educativas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades y que aseguren que ningún estudiante sea excluido o desfavorecido debido a su discapacidad.
Esto incluye la implementación de leyes y normativas que protejan los derechos de las personas con discapacidad, así como la promoción de una cultura de respeto y valoración de la diversidad en todos los niveles del sistema educativo.
Además, garantizar el acceso a la educación inclusiva y especial para personas con discapacidad tiene beneficios significativos no solo para los individuos, sino también para la sociedad en su conjunto.
La inclusión educativa contribuye a la construcción de sociedades más justas y equitativas, donde todas las personas, independientemente de sus capacidades.
Lo anterior queremos lograrlo a través de una reforma a la Ley Estatal de Educación, a fin de que se adicione una fracción VII en el Artículo 35, con la finalidad de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación inicial inclusiva y especial, diseñando para ello métodos, técnicas o programas necesarios, en razón de los diversos tipos de discapacidad, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 35.- …
…
I.- al VI. – …
VII.- Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación inicial inclusiva y especial, diseñando para ello métodos, técnicas o programas necesarios, en razón de los diversos tipos de discapacidad, brindando con ello la posibilidad de desarrollo educacional de manera igualitaria, y sin distinciones ni discriminación.
