Tras la denuncia administrativa de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la detección de documentos apócrifos de un particular en la obtención de contratos, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dictó una sentencia condenatoria con la inhabilitación de dos años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Al hacer la revisión de la Cuenta Pública 2020 de la Secretaría de Hacienda, la ASE encontró que el ahora sancionado, de iniciales E.A.P.R., presentó documentación alterada en el registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno del Estado, con el fin de simular el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las de su representada “Copiher, Comercializadora y Prestación de Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V.”, lo que les permitió beneficiarse con diversos contratos vía adjudicación directa del Programa para la Atención de Contingencias Sociales COVID, por un importe total de 65.2 MDP.
Una vez determinadas las irregularidades dentro de la auditoría, el área de investigaciones de la ASE realizó las indagatorias correspondientes, calificando la conducta como grave y remitiendo el expediente al TEJA, que finalmente emitió la sentencia sancionatoria y la notificó a la ASE el pasado jueves 7 de septiembre.
Cabe destacar que el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla como una falta administrativa grave aquel particular que, como en este caso, haga uso de información falsa, alterada o simule el cumplimiento de requisitos para obtener un beneficio o ventaja.
Esta es la primera vez que el TEJA sanciona a un particular por incurrir en actos vinculados con faltas administrativas graves y/o actos de corrupción, el cual se suma a los otros nueve casos de servidores públicos que a la fecha han resultado culpables provenientes de investigaciones realizadas por la Auditoría Superior.
